8.000 votos que no están en las urnas: la Revolución Ciudadana le ofrece a Aragón lo que no tiene

El 20 de septiembre, en un salón de Puyo, la Revolución Ciudadana hizo lo que mejor sabe hacer cuando no tiene candidatos: ofrecer los votos de otros. Esa tarde sus dirigentes anunciaron el respaldo a Wilfrido Aragón, candidato de Pachakutik a la Prefectura, y a Jaime Guevara, candidato a la Alcaldía por la lista 61. El representante provincial del movimiento, Jorge Paredes, puso la cifra sobre la mesa: «el voto duro de la Revolución Ciudadana, que en la provincia de Pastaza son 8.000 votos, de siempre».

De siempre. Conviene detenerse en esa palabra, porque en la última elección a la Prefectura, la de febrero de 2023, la candidata de la Revolución Ciudadana en Pastaza obtuvo 1.165 votos. Fue la votación más baja a prefecto de todo el país. Entre 1.165 y 8.000 hay 6.835 votos que, o bien se esconden muy bien entre elección y elección, o bien no existen. La aritmética electoral tiene esa manía de no acompañar a los discursos.

Quién prometió qué, y quién no estaba

El acto quedó grabado en un video de 26 minutos que La Verdad en Pastaza revisó completo. Habla, durante 23 de esos minutos, un dirigente nacional del movimiento que se presenta como asambleísta, miembro del directorio y secretario nacional de Pueblos y Nacionalidades. Dice tres cosas que vale la pena citar textualmente.

La primera, a los doce minutos: «Aquí en Pastaza no hemos logrado inscribir candidatos, es un hecho». La segunda, a los catorce: el apoyo se da «a título de candidato», a «personas con las que lleguemos a acuerdos» y cuyo plan de trabajo tenga «plasmada nuestra visión», y es «ni moneda de cambio ni cheque en blanco (...) vamos a estar vigilantes». La tercera, casi al final, en tono de broma que nadie corrigió: «En la revolución no se preocupen por plata porque no hay».

Hay un detalle más, también textual: el candidato que recibía el apoyo no estaba en la sala. «Me hubiera gustado que esté aquí (...) el señor que quiere nuestro apoyo, porque es una muestra de respeto para el movimiento», dijo el dirigente. Así que el respaldo se anunció sin el respaldado. Aragón lo aceptó después, ante otra cámara: «A mí me invitaron para que sea parte de ese apoyo»; son «los votos que están todavía flotando»; «necesitamos los votos para ganar». Flotando. Es una buena palabra para votos que en 2023 no tocaron la urna.

«Ustedes nos dan el material»

Lo más interesante del reel de Paredes no son los 8.000 votos, sino lo que viene después. Cuenta que «se conformó una pequeña jefatura de campaña, la voy a manejar yo a nivel provincial», que trabajarán por parroquias con «más de cinco personas» en cada una, y resume el trato en una frase: «Ustedes nos dan el material y nosotros vamos a ir a trabajar estratégicamente».

Léase despacio. Un movimiento que no es el de Aragón monta su propia jefatura de campaña, con su propio jefe, para hacer campaña por Aragón, y le pide a Aragón el material. ¿Material es afiches y camisetas, o también combustible, viáticos y los «más de cinco» por parroquia? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo factura? ¿Aparece en los reportes quincenales que el responsable económico de la lista 18 debe subir al Sistema Contable del CNE desde que la candidatura fue calificada? El tope de gasto para el binomio de prefectura de Pastaza es de 39.000 dólares. Una estructura paralela con gente en cada parroquia cuesta dinero, y el dinero, por ley, se declara.

La Verdad en Pastaza no ha encontrado un solo documento, nota o publicación que diga que la Revolución Ciudadana haya puesto dinero en la campaña de Aragón. Tampoco uno que diga lo contrario. Lo único que consta es la dirección del flujo que la propia RC describe: de la campaña del candidato hacia la estructura del movimiento. Por eso la pregunta no es «quién financia a Aragón», sino «quién financia a quienes dicen que trabajan para Aragón». Es distinto, y es peor de explicar.

Lo que pasó después

Un mes y dos días después del acto, el 22 de octubre, Luisa González, excandidata presidencial del movimiento y la figura con la que Paredes se compara cuando dice que «con Luisa González sacamos 14.000» (en una elección presidencial, no en una seccional), fue detenida en Canuto. Desde el 23 tiene prisión preventiva en el caso Laberinto, por presunto lavado de activos en la campaña de 2023. Es la misma campaña por la que el Tribunal Contencioso Electoral ya había ratificado en mayo una multa de 18.000 dólares a ella, a Andrés Arauz y a Pierina Molina, multa que la militancia intentó pagar con una rifa.

Antes de eso, el 6 de marzo, el mismo Tribunal había suspendido a la Revolución Ciudadana por nueve meses en el caso Caja Chica. Por eso no tiene casillero en esta elección y reparte sus candidaturas entre 27 organizaciones aliadas. En Pastaza, por confesión propia, no logró inscribir a nadie.

Los nombres que el orador del 20 de septiembre invocó como aval, Rafael Correa y Jorge Glas, tienen sentencias firmes. La página «Revolución Ciudadana lista 5 Pastaza» no publica nada desde el 17 de mayo. Y la página de Aragón, que sí publica a diario, con recorridos por Curaray, Villano, Santa Clara y Lorocachi, no lleva el logo del movimiento, no mencionó la detención y no ha vuelto a nombrar en público a quienes le prometieron 8.000 votos. ¿Se le olvidó el logo, o nunca lo quiso? ¿El pacto sigue en pie, o quedó en la sala del 20 de septiembre junto con la silla vacía?

Dentro de Pachakutik, la incomodidad fue inmediata: Marco Andino, candidato del movimiento a la Alcaldía, dijo el 24 de septiembre que el acercamiento «podría generar divisiones» y anunció una rueda de prensa para mostrar unidad. No consta que la ruptura se haya producido. Tampoco que se haya cerrado.

Lo que dice la ley, por si alguien pregunta

El Código de la Democracia enumera de dónde puede salir el dinero de una campaña: cuotas de afiliados, aportes de los candidatos, donaciones de personas naturales y rentas del propio partido (artículo 216). No aparecen en la lista los aportes de otra organización política. La forma legal de sumar los recursos de dos movimientos se llama alianza, se inscribe ante el CNE y acumula los espacios del Fondo de Promoción Electoral, que el Estado paga directamente a los medios y que se asigna el 10 y el 11 de noviembre. Pachakutik y la Revolución Ciudadana no inscribieron ninguna alianza en Pastaza.

Todo aporte lleva comprobante; sin comprobante es nulo (artículo 217). Hay un responsable económico por binomio, con RUC propio, y el candidato responde solidariamente (artículos 224 y 363). Los ingresos y gastos se registran desde la calificación y el CNE los publica cada quince días (artículo 211.1). Es decir: si la jefatura paralela de Paredes recibe «material», ese material tiene nombre, factura y fecha, y debería poder leerse en la web del CNE. La Verdad en Pastaza lo buscará cuando el Consejo publique los reportes de la lista 18.

Siete preguntas que caben en una silla vacía

1. ¿De dónde salen los 8.000 votos «de siempre», si en 2023 fueron 1.165?
2. ¿Qué es exactamente «el material» que la campaña de Aragón entrega a la jefatura de Paredes, cuánto cuesta y quién lo paga?
3. ¿Está esa estructura, con «más de cinco personas» por parroquia, dentro del tope de 39.000 dólares del binomio o fuera de él?
4. ¿Qué recibe la Revolución Ciudadana a cambio, además de ver «plasmada nuestra visión» en el plan de trabajo? ¿Cargos? ¿Contratos? ¿Nada?
5. ¿Por qué el candidato no estuvo en el acto donde se anunció su propio respaldo?
6. ¿El pacto sigue vigente después de la detención de Luisa González, o alguien ya lo dio por terminado sin avisar a los votantes?
7. ¿Quién, en Pachakutik, aprobó que un candidato del movimiento reciba el apoyo de una organización suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral?

Estas preguntas quedan abiertas para Wilfrido Aragón y su responsable económico, para Jorge Paredes, para la dirección provincial de Pachakutik y para la dirección nacional de la Revolución Ciudadana. La Verdad en Pastaza publicará íntegras las respuestas que reciba.

Lo que esta nota no afirma

Que la Revolución Ciudadana o Luisa González hayan financiado la campaña de Aragón. No hay prueba de eso, y lo que circula en redes sobre préstamos y campañas «frenadas» no tiene fuente. Lo que sí hay son 26 minutos de video, dos reels y una frase, «ustedes nos dan el material», que nadie ha explicado.

Fuentes

• Eventos Pastaza, video del acto de respaldo del 20 de septiembre de 2026 (26 min); transcripción con minutos en poder de este medio.
• Pastaza Al Día, reel de Jorge Paredes (3 min 24 s) y publicación con declaraciones de Aragón; Xtreme EC, reel de Aragón (39 s); Enfoque.tv, publicación del acto.
• Diario Los Andes, 24 de septiembre de 2026 (Marco Andino cuestiona el apoyo); 8 de agosto de 2026 (Aragón deja su cargo para inscribirse); 7 de febrero de 2023 (resultados preliminares de la Prefectura).
• Ecuador Chequea, resultados finales de la Prefectura de Pastaza 2023 (1.165 votos de la candidata de la RC, la menor votación a prefecto del país).
• El Observador, 21 y 31 de agosto de 2026 (seis binomios inscritos en Pastaza).
• Primicias, 6 de marzo de 2026 (suspensión de la RC, causa 029-2026-TCE) y 23 de octubre de 2026 (prisión preventiva de Luisa González, caso Laberinto); El Diario, 22 de octubre de 2026 (detención) y 7 de septiembre de 2026 (candidaturas de la RC por 27 organizaciones).
• Prensa Latina, 8 de mayo de 2026 (multa de 18.000 USD ratificada); El Diario, 26 de mayo de 2026 (rifa para pagarla).
• El Diario, 13 de julio de 2026 (límites de gasto, Resolución PLE-CNE-3-10-7-2026: 39.000 USD para la prefectura de Pastaza); El Mercurio, 13 de septiembre de 2026 (Fondo de Promoción Electoral, asignación del 10 y 11 de noviembre).
• Código de la Democracia (texto del CNE, enero de 2026), artículos 202, 211.1, 216, 217, 224, 358 y 363.
• Facebook: páginas «Wilfrido Aragón» y «Revolución Ciudadana lista 5 Pastaza», lectura del 1 de noviembre de 2026.
• Sentencias citadas: Rafael Correa, ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, ratificada en casación por la Corte Nacional de Justicia el 7 de septiembre de 2020 (El Comercio); Jorge Glas, seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht (13 de diciembre de 2017, ratificada el 16 de octubre de 2019, Expreso), ocho años en el caso Sobornos y trece años por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí (El Universo, Primicias).